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Martes, 09 Septiembre 2014 00:00

Sentencia de la Sala Primera del T.S de 4/2/2014 que estima demanda de error judicial y considera que la fecha de inicio de la prescripción de la acción civil tras procedimiento penal comienza desde la notificación de la resolución en tal sentido y n

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 21 Ene. 2014, rec. 30/2010
Ponente: Marín Castán, Francisco.
Nº de Sentencia: 13/2014
Nº de RECURSO: 30/2010
Jurisdicción: CIVIL
, Nº 8243, Sección La Sentencia del día, 4 Feb. 2014, Año XXXV
Texto
Sentencia Nº: 13/2014
Recurso Nº: 30/2010
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
SENTENCIA Nº: 13/2014
Excmos. Sres.:
D. Francisco Marín Castán
D. José Antonio Seijas Quintana
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D. Francisco Javier Orduña Moreno
D. Xavier O'Callaghan Muñoz
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En la Villa de Madrid, a veintiuno de Enero de dos mil catorce.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto
las presentes actuaciones de solicitud de declaración de error judicial promovidas por el procurador
D. Fernando Pérez Cruz, en nombre y representación de D. Benicio, contra la sentencia dictadapor
la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de A Coruña el 25 de junio de 2010en el rollo de apelación nº
486/2009 y la providencia del mismo tribunal de 27 de septiembre de 2010 que denegó tramitar la
petición de nulidad de dicha sentencia. Han sido partes la aseguradora Mutua Madrileña
Automovilista, representada por el procurador D. Jorge Deleito García, así como el Ministerio Fiscal y
el abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 6 de octubre de 2010 tuvo entrada en el registro general del Tribunal
Supremo un escrito del procurador
D. Fernando Pérez Cruz, en nombre y representación de D. Benicio, interponiendo demanda para
declaración de error judicial en relación con la sentencia dictada por la Sección 3ª de la Audiencia
Provincial de A Coruña el 25 de junio de 2010 en el rollo de apelación nº 486/2009 y la providencia
del mismo tribunal de 27 de septiembre de 2010 que denegó la tramitación de la petición de nulidad
de dicha sentencia.
Como fundamento de la pretensión se alegaba, en síntesis, que: a) D. Benicio sufrió un accidente de
tráfico el día 6 de noviembre de 2005, con resultado de lesiones y daños materiales en el vehículo
que conducía; b) fue tratado médicamente y causó baja laboral; c) el Equipo de Valoración de
Incapacidades del lNSS emitió dictamen el 5 de julio de 2006 referente a su estado, y en resolución
de la Dirección Provincial del INSS de la misma fecha se indicó que "debe continuar bajo tratamiento
médico por el tiempo necesario hasta valoración definitiva de las lesiones"; d) el alta definitiva se
concedió por la Inspección Médica del INSS el 6- de mayo de 2007, por agotamiento de plazo,
quedándole secuelas; e) no se incorporó, en razón a imposibilidad para ello, a la actividad laboral,
pendiente de declararse su situación invalidante en este ámbito; f) D. Benicio presentó denuncia
penal el 22 de diciembre de 2005, por los hechos causantes del accidente y las secuelas, que dio
lugar a la incoación del juicio de faltas nº 613/05 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Ferrol, en el
que el 15 de septiembre de 2006 se dictó auto de archivo "con expresa reserva de acciones
civiles"; g) la aseguradora Mutua Madrileña, en dicho procedimiento penal y mediante escrito de 3
de febrero de 2006, reconoció su responsabilidad y pidió al Juzgado la entrega al perjudicado de la
cantidad que consignó como indemnización, que fue considerada insuficiente por el Juzgado; h) tras
producirse el alta médica el 6 de mayo de 2007, D. Benicio reclamó los días 17 de julio de 2007 y
12 de marzo de 2008 la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a la aseguradora
Mutua Madrileña mediante sendos telegramas con acuse de recibo; i) en septiembre de 2008
presentó demanda que dio lugar al juicio ordinario 1011/2008 del Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Ferrol, que dictó sentencia, luego confirmada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de A
Coruña, desestimando la demanda por haber transcurrido el plazo de prescripción; j) eI plazo de un
año de prescripción de la acción por culpa extracontractual debe contar desde la fecha del alta
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médica definitiva; k) dicha alta médica definitiva tuvo lugar el 6 de mayo de 2007, en que la
inspección médica del lNSS así la decretó; h) cuando quedan secuelas, el dies a quo ya no es el del
alta médica sino el de la determinación invalidante de las secuelas; l) D. Benicio no se ha
reincorporado nunca a su actividad laboral por manifiesta imposibilidad para ello y las importantes
secuelas que le quedan repercuten muy negativamente en sus ocupaciones habituales y están
pendientes de evaluación y resolución en el ámbito estrictamente laboral; m) en los casos de previo
proceso penal por los mismos hechos, con denuncia o de oficio, el dies a quo es el momento en que
se notifica la resolución que pone fin definitivamente al procedimiento penal; n) en este caso, el
archivo del procedimiento penal anterior se produjo mediante el auto de 15 de septiembre de 2006,
que lo decreta "con reserva de acciones civiles" desde dicha fecha, sin que sea dable al perjudicado
prescindir de dicha resolución judicial, a la que debe atenerse en todo; ñ) la sentencia de la Sección
3ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 25 de junio de 2010 adolece de incongruencia interna
porque, aceptando la fundamentación de la de instancia, la varía completamente, de un modo
completamente erróneo, con una arbitrariedad manifiesta y vulnerando la ley y la constante
doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, omitiendo también todo estudio y
pronunciamiento respecto de otros motivos del recurso atinentes al tema de la prescripción de la
acción en caso de lesiones con reconocimiento de la incapacidad y con interrupción de la
prescripción; o) el motivo del recurso de apelación referido a que en los casos de previo proceso
penal por los mismos hechos, con denuncia o de oficio, el dies a quo del plazo prescriptivo de la
acción civil es el momento en que se notifica la resolución que pone fin definitivamente al
procedimiento penal lo resuelve la sentencia de forma manifiestamente equivocada, constitutiva de
un error patente, opuesta frontalmente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la doctrina del
Tribunal Constitucional pues, por su rigorismo excesivo y desproporción, impide una efectiva tutela
judicial, vulnerando el principio pro actione y el de seguridad jurídica; p) la sentencia omite el estudio
y el pronunciamiento sobre los motivos 1, 3 y 4 del recurso de apelación, relativos a que (i) el dies
a quo del plazo de prescripción de la acción es el del alta médica definitiva, (ii) la aseguradora
reconoció su responsabilidad al ofrecer parte de la indemnización en la causa penal anterior, por lo
que no puede, yendo contra sus propios actos, alegar prescripción alguna, y (iii) la prescripción se
interrumpe por reclamación extrajudicial de la deuda; q) este proceder de la Audiencia vulnera los
principios constitucionales de tutela judicial efectiva sin indefensión y de seguridad jurídica, pues, tras
el estudio de esos motivos no resueltos, hubiera apreciado que la acción no estaba prescrita y, por
consiguiente, que la demanda debía haber sido estimada.
SEGUNDO.- Formadas en esta Sala las actuaciones nº 30/2010, nombrado ponente y pasadas las
actuaciones al Ministerio Fiscal parainforme sobre admisión o inadmisión, este dictaminó que no
procedía admitir lademanda de error judicial porque, al haberse presentado un recurso de amparo
contra la sentencia a la que se imputa el error, tenía que resolverse primero por el Tribunal
Constitucional si la sentencia había vulnerado o no algún derecho fundamental.
TERCERO.- Por auto de 11 de enero de 2011, rectificado por otro de 15 de febrero de 2011, se
admitió a trámite la demanda y se acordó reclamar las actuaciones en que se habían dictado las
resoluciones presuntamente erróneas y emplazar a cuantos hubieran sido parte.
CUARTO.- Las actuaciones se recibieron con informe del Presidente y los magistrados de la Sección
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Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña en el que se concluyó que, con independencia del
mayor o menor acierto de la sentencia a la que se imputaba el error, no concurría en la demanda de
error judicial el requisito de haberse agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento
a que se refiere el art. 293.1,f LOPJ porque no se interpuso contra ella recurso de casación, que
cabía conforme al art. 477.2.2ª LEC dado que la cuantía del asunto era de 172.300,66 euros
sumando la cantidad solicitada como principal en el suplico de la demanda más la correspondiente a
la actualización del IPC en el momento del fallo, el recargo de los intereses del art. 20 LCS desde la
fecha del siniestro hasta el pago efectivo y la correspondiente a los intereses vencidos cuando se
interpuso la demanda.
QUINTO.- El procurador D. Jorge Deleito García, en nombre y representación de la aseguradora
Mutua Madrileña Automovilista, contestó a la demanda e interesó su desestimación y la imposición
de costas a la demandante con base en las siguientes alegaciones: a) el plazo para el ejercicio de la
acción por culpa extracontractual ejercitada por la parte demandante de revisión en el pleito de
origen empezó a contar el 6 de noviembre de 2005 (fecha del accidente), fue interrumpido por la
denuncia penal interpuesta el 22 de diciembre de 2005 y se volvió a reanudar el 9 de mayo de
2006, cuando el propio actor renunció expresamente a la acción penal y se reservó el ejercicio de la
civil; b) desde esa fecha comenzó de nuevo a correr el plazo del año, que no se interrumpió hasta
el telegrama que envió el 17 de julio de 2007, es decir, transcurrido con creces el plazo de un año
desde que se reservó la acción civil y renunció a la penal; c) para justificar la no prescripción de la
acción, el demandante argumenta que en los casos de previo proceso penal por los mismos hechos,
con denuncia o de oficio, el dies a quo es el momento en que se notifica la resolución que pone fin
definitivamente al procedimiento penal, por lo que, como las actuaciones penales no se archivaron
hasta el 19 de septiembre de 2006, la acción no estaría prescrita; d) sin embargo, como el hecho
punible consistía en una falta del art. 621 CP, solo perseguible a instancia del perjudicado, si este
renuncia expresamente a la acción penal y se reserva la civil, el procedimiento necesariamente está
abocado al archivo en vía penal al ser el único denunciante y perjudicado, por lo que desde que el
perjudicado renuncia a la acción penal y se reserva la civil, nace el derecho a reclamar en la vía civil
ordinaria, lo que no hizo el demandante en plazo legal; e) la regla general de que el cómputo de la
prescripción "no comienza hasta la firmeza o notificación de la sentencia o del auto de archivo en
vía penal, no opera en el presente caso, sino solo en aquellos en que se ejercita hasta el final la
acción penal o en los que no se reserva la acción civil o para aquellos que no están personados en el
procedimiento penal", "porque en aquellos casos cabe incluso el auto de cuantía máxima,
subsiguiente a la sentencia absolutoria o al auto de archivo", "auto que ni siquiera cabe en un caso
como el presente, al haberse reservado expresamente la acción civil el actor para ejercitarla por
separado"; f) la Audiencia rechazó fundadamente la petición del demandante relativa a la aclaración
o complemento de la sentencia a la que se imputa error judicial porque ni siquiera explicó en su
petición cuáles eran los términos de la sentencia que precisaban ser aclarados o complementados;
g) la sentencia a la que se imputa el error "ha explicado de forma precisa y concreta los
razonamientos de su fallo y al estimar la excepción procesal de prescripción, resulta baladí entrar en
otras argumentaciones expuestas de adverso, innecesarias e irrelevantes a tenor de la estimación
de la prescripción invocada"; h) el demandante pretendió, por la vía de la solicitud de aclaración y
complemento de la sentencia, "introducir un inexistente recurso de reposición contra la sentencia de
la Audiencia Provincial; que revisase de nuevo todo el proceso y que le diese la razón modificando la
sentencia y alterando el fallo, bajo la pretensión de que el actual vulnera el principio de tutela judicial
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efectiva y el principio de seguridad jurídica"; i) la petición, también contenida en el escrito de solicitud
de aclaración o complemento de la sentencia, de que se declarase la nulidad de la misma por
incongruencia omisiva, falta de motivación y arbitrariedad contraria al principio de seguridad jurídica,
con vulneración de los arts. 24.1 y 9.3 CE, era inadmisible porque no había sido denunciado o
puesto de manifiesto en el recurso de apelación el defecto alegado, pese a que ya en la sentencia de
primera instancia se acogía la tesis de la prescripción de la acción, y no se denunció en aquel
momento la ahora pretendida nulidad de actuaciones; j) además, en virtud de lo dispuesto en el art.
241 LOPJ, no puede pretenderse la nulidad de actuaciones por la vía de un escrito de aclaración o
complemento de sentencia, como se hizo de adverso; k) tampoco existe incongruencia omisiva de
tipo alguno porque la sentencia no se haya pronunciado sobre el 3º y el 4º motivos de apelación,
porque al haberse estimado excepción de prescripción extintiva de la acción se eximió a la Sala "de
entrar a dilucidar el fondo del asunto"; l) el hecho de que Mutua Madrileña Automovilista consignara
y ofreciera al demandante, en su día, unas cantidades en concepto de indemnización de los daños y
perjuicios causados por el accidente no supone en modo alguno ir contra la doctrina de los propios
actos porque "la acción cuando se consignaron y ofrecieron las cantidades estaba "viva" y cuando
se pretendió ejercitarla por la adversa con la demanda origen de esta litis, estaba prescrita"; m) el
acogimiento por la sentencia de la excepción procesal de prescripción hizo innecesario entrar en
otras cuestiones planteadas de adverso, sin perjuicio de que, de una simple lectura de la sentencia,
se deduce claramente la desestimación tácita de otras alegaciones efectuadas de adverso; n) "que
los juzgados y tribunales interpreten la Ley de una forma coherente y racional, no supone, ni mucho
menos un error judicial; por cuanto el no estar conforme con tal interpretación no genera derecho
alguno a ser reconocido un error judicial"; ñ) solo cabe la apreciación de error judicial cuando el
correspondiente tribunal haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales, con conclusiones
que resulten il ógicas o irracionales, con equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los
hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley y ninguna de estas circunstancias concurren en el
presente caso; o) la demanda de error judicial adolece también de defectos de forma, por cuanto el
recurrente lo tendría que haber denunciado mediante el incidente extraordinario de nulidad de
actuaciones en el momento mismo en que supuestamente se cometió, que fue en la sentencia de
primera instancia; y p) tampoco la pretensión de error judicial puede servir para suplir una tercera
instancia procesal o un improcedente recurso de casación, como pretende el demandante.
SEXTO.- El abogado del Estado presentó escrito de contestación a la demanda pidiendo su
desestimación, con imposición de la sentencia cuyo error judicial se denuncia interpreta que el dies a
quo para ejercitar la acción civil es el de la renuncia a la acción penal con reserva de las acciones
civiles, mientras que el demandante de error judicial sostiene que el referido dies a quo es el de la
notificación del auto archivando las diligencias penales; b) la demanda de error judicial critica la
interpretación que la Audiencia Provincial hizo del art. 1969 CC; c) el procedimiento de error judicial
solo está abierto a supuestos de resoluciones manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico o
que hayan sido dictadas con arbitrariedad, y no resulta absurdo ni ilógico interpretar la citada norma
tal y como lo ha hecho la Audiencia Provincial, pues desde la renuncia de la acción penal con reserva
de la acción civil cabe entender que puede ejercitarse la acción; d) cuestión distinta es que exista y
prevalezca en la jurisprudencia de la Sala Primera otra interpretación del art. 1969 CC puesto en
relación con el art. 114 LECrim, pero dicho art. 114 LECrim hace referencia a "sentencia firme" y
"un auto de archivo por renuncia de acciones penales como es el dictado en el caso que nos ocupa
no lo es"; e) la sentencia a la que se imputa error judicial será más o menos acertada pero no es
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manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, claramente arbitraria, esperpéntica o absurda,
como se definen por la jurisprudencia los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un
error judicial; f) si se estimase la demanda de error judicial, no podría cuantificarse en la posterior
reclamación frente a la Administración General del Estado el daño experimentado por el demandante
de error judicial, "puesto que la imposibilidad de obtener una resolución sobre el fondo de su
pretensión no es valorable en sí misma, al no poder equipararse sin más a la cuantía indemnizatoria
que había solicitado en su demanda inicial"; g) el hecho de que el fondo de su pretensión quedare
imprejuzgado por haberse estimado la prescripción no implica sin más que, de no haberse apreciado
dicha figura extintiva de la acción, la sentencia hubiera sido completamente favorable a sus
intereses; h) por ello, no puede decirse que de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña se
haya derivado directamente un daño efectivo y evaluable económicamente en el patrimonio del
actor, requisito imprescindible para declarar la existencia de error judicial; i) en cuanto al alegado
error judicial habido en la providencia de 27 de septiembre de 2010 dictada por la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de A Coruña que rechaza tramitar el incidente de nulidad de actuaciones,
"la misma es correcta, pues no se dan los requisitos para la tramitación del mismo, ya que el
apelante lo que pretendía -igualmente allí que ahora- era variar el signo de la sentencia mediante la
imposición de una interpretación distinta del art. 1969 CC, y no denunciar, en realidad, la infracción
de ningún derecho fundamental de los del art. 53.2 CE, limitándose a citar el art. 24.1 CE como
infringido, pero solo al final de su escrito y sin argumentación alguna".
SÉPTIMO.- El Ministerio Fiscal presentó escrito de contestación a la demanda pidiendo su
estimación porque la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña era notoriamente errónea y
contraria a la doctrina consolidada de esta Sala contenida en la STS de 25 de junio de 2008
(recurso nº 3987/2001), según la cual el plazo del art. 1968 CC ha de computarse, conforme al
art. 1969 CC, desde el día en que pudo ejercitarse la acción civil, que lo será el día siguiente de la
notificación a las partes de la sentencia penal y posterior firmeza, al ser susceptible de recurso de
apelación; la STS de 19 de julio de 2007 (recurso nº 2715/2000), en la que se expresa que, según
los arts. 111 y 114 LECrim, promovido juicio en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse
pleito sobre el mismo asunto mientras el proceso penal estuviere pendiente y que si tales preceptos
se ponen en relación con el art. 1969 CC, el plazo de prescripción de las acciones ejercitadas al
amparo del art. 1902 CC empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, o sea,
desde que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento, en su caso, hayan adquirido
firmeza, que se produce por ministerio de la ley una vez agotados los recursos legales o
transcurrido el término sin interponerlos, con independencia a estos efectos de cuándo sea
declarada la firmeza y cuándo sea notificada, y que el perjudicado en el proceso penal no puede
reiniciar el ejercicio de la acción civil para la reparación del daño causado hasta que hayan terminado
las actuaciones penales, dato que por sí solo pone de relieve que el conocimiento de la fecha en que
han finalizado constituye un presupuesto necesario para el ulterior ejercicio de la acción civil ante
otro orden jurisdiccional; y la STS de 15 de diciembre de 2010 (recurso n.º 1118/2007), que
reitera la doctrina anterior.
OCTAVO.- Por providencia de 13 de diciembre de 2011 se nombró nuevo ponente y se requirió a
las partes que manifestaran si consideraban necesaria la celebración de la vista o si, por el contrario,
entendían que la Sala contaba con los suficientes elementos para su decisión sin que fuera necesaria
la celebración de la vista. La demandante de error judicial dejó transcurrir el plazo sin efectuar
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manifestación alguna y la aseguradora Mutua Madrileña Automovilista, el Ministerio Fiscal y el
Abogado del Estado contestaron que no consideraban necesaria la celebración de la vista.
NOVENO.- Por providencia de 21 de octubre de 2013 se nombró ponente al que lo es en este
trámite, y se acordó, dada la insistencia del demandante en el presente procedimiento en pedir la
suspensión del trámite hasta que se resolviera el recurso de amparo interpuesto por él mismo ante
el Tribunal Constitucional, que se acreditara el estado de dicho recurso de amparo, lo que se hizo
por diligencia del secretario de Sala de 28 de octubre de 2013 según la cual el recurso de amparo
interpuesto en su día por D. Benicio, registrado con el nº 7102/2010, no había sido admitido por
resolución de 11 de abril de 2011, a la que siguió providencia del 26 de mayo siguiente declarando
no caber recurso de súplica contra dicha resolución, de modo que el procedimiento de amparo
estaba concluido.
DÉCIMO.- Por providencia de 10 de diciembre de 2013, se señaló el día 14 de enero siguiente para
la votación y fallo de este asunto, en que ha tenido lugar.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El error judicial cuya declaración se interesa en la demanda consistiría en que la
sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 25 de junio de 2010 y la
providencia del mismo tribunal de 27 de septiembre de 2010 que denegó tramitar la petición de
nulidad de dicha sentencia no habían tenido en cuenta que en los casos de previo proceso penal por
los mismos hechos, con denuncia o de oficio, el dies a quo para la prescripción de la acción es el
momento en que se notifica la resolución que pone fin definitivamente al procedimiento penal y que
el archivo del procedimiento penal anterior se produjo mediante el auto de 15 de septiembre de
2006, por lo que la acción del ahora demandante de error judicial no estaba prescrita.
También se invoca que la sentencia de la Audiencia adolece de incongruencia interna porque,
aceptando la fundamentación de la de instancia, la varía de un modo completamente erróneo, con
una arbitrariedad manifiesta y vulnerando la ley y la constante doctrina del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional, omitiendo también todo estudio y pronunciamiento respecto de otros
motivos del recurso atinentes al tema de la prescripción de la acción en caso de lesiones con
reconocimiento de la incapacidad y con interrupción de la prescripción.
Finalmente, se denuncia que la sentencia omite el estudio y el pronunciamiento sobre los motivos 1,
3 y 4 del recurso de apelación, relativos a que (i) el dies a quo del plazo de prescripción de la acción
es el del alta médica definitiva, (ii) la aseguradora reconoció su responsabilidad al ofrecer parte de la
indemnización en la causa penal anterior, por lo que no puede, yendo contra sus propios actos,
alegar prescripción alguna, y (iii) la prescripció n se interrumpe por reclamación extrajudicial de la
deuda.
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SEGUNDO.- Son hechos probados relevantes para el pronunciamiento de esta Sala y que resultan
de “las actuaciones del pleito ” ( art. 514.1 LEC en relación con el art. 293.1.c. LOPJ) los siguientes:
1. Sobre las 6.45 horas del 6 de noviembre de 2005, en el kilómetro 2'200 de la carretera AC-115,
término municipal de Neda, partido judicial de Ferrol, se produjo una colisión entre el turismo
Citröen-Xantia, matrícula NUM001, conducido por D. Jaime y asegurado con la Mutua Madrileña, y el
turismo Citröen ZX, matrícula NUM002, asegurado con la compañía Mapfre y conducido por D.
Benicio, el hoy demandante de declaración de error judicial, al incorporarse el primer vehículo, en un
cruce señalizado con "Ceda el paso", a la citada carretera por la que, según el atestado de la
Guardia Civil, circulaba correctamente y con prioridad de paso el segundo vehículo.
2. Por los anteriores hechos D. Benicio presentó denuncia, mediante escrito de fecha 23 de
diciembre de 2005, alegando haber sufrido "lesiones de importancia según consta en los partes e
informes médicos que se adjuntan, por las que se encuentra convaleciente y bajo tratamiento
médico".
3. En virtud de la denuncia se incoaron las actuaciones de juicio de faltas nº 613/2005 por el
Juzgado de Instrucción nº 3 de Ferrol.
4. El 9 de mayo de 2006 la representación procesal del Sr. Benicio en dichas actuaciones de juicio
de faltas presentó un escrito manifestando lo siguiente: "Que desiste de la acusación penal que
tenía formulada en dicho Juicio, cuyo archivo consiguientemente procede, con EXPRESA RESERVA
DE ACCIONES CIVILES, para ejercitarlas ante la Jurisdicción de este orden."
5. El 15 de septiembre de 2006 la magistrada-juez titular del Juzgado de Instrucción nº 3 dictó auto
acordando el archivo de las actuaciones de juicio de faltas con reserva expresa de las acciones
civiles. Su fundamento de derecho único fue el siguiente: "Dada la escasa trascendencia social de
los hechos imputados y reestablecida la paz social, fin inspirador del proceso penal, por el perdón
del ofendido, quien además, renuncia a la acción penal con reserva expresa al ejercicio de las
acciones civiles que pudieran corresponderle y solicita el archivo de las actuaciones procede
acordar, conforme al principio de intervención mínima, el archivo de las presentes diligencias".
6. El auto fue notificado a la representación procesal del Sr. Benicio el 19 de septiembre de 2006.
7. D. Benicio recibió el alta médica el 6 de mayo de 2007.
8. Mediante telegrama con acuse de recibo de 17 de julio de 2007, entregado el 20 de julio de 2007
a las 13.00 horas, D. Benicio, a los efectos de lo dispuesto en el art. 1973 CC, reclamó a la
aseguradora Mutua Madrileña Automovilista una indemnización por los daños y perjuicios sufridos
por causa del accidente de tráfico. El 12 de marzo de 2008 remitió un nuevo telegrama a la misma
aseguradora con idéntico contenido al del anterior.
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9. El 12 de septiembre de 2008 D. Benicio presentó demanda de juicio ordinario contra la compañía
de seguros Mutua Madrileña Automovilista, como aseguradora del vehículo matrícula NUM001, en la
que reclamaba a esta la cantidad de 137.748 euros por las lesiones, secuelas y daños materiales
sufridos por él como consecuencia de los hechos acaecidos el 6 de noviembre de 2005.
10. En virtud de dicha demanda se incoaron las actuaciones de juicio ordinario nº 1011/2008 del
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ferrol.
11. En su contestación a la demanda Mutua Madrileña Automovilista alegó, entre otras causas de
oposición, que desde el 9 de mayo de 2006, en que D. Benicio presentó el escrito renunciando a la
acción penal y reservándose las acciones civiles, hasta el 17 de julio de 2007, en que remitió
telegrama reclamando la indemnización a la compañía aseguradora, había transcurrido el plazo de
un año establecido para la prescripción de la acción por culpa extracontractual.
12. El magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ferrol dictó sentencia el 20
de mayo de 2009 desestimando la demanda por considerar que la acción había prescrito por
haberse ejercitado “más allá del plazo de un año desde la fecha del siniestro”.
13. D. Benicio interpuso recurso de apelación contra la indicada sentencia, que fue resuelto por
sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 25 de junio de 2010. La
Audiencia desestimó el recurso por considerar que el cómputo del plazo para la prescripción de la
acción por culpa extracontractual debía iniciarse a partir del día en que D. Benicio hizo reserva ante
el Juzgado de Instrucción de las acciones civiles, pues este era el momento “en que la parte actora
pudo emprender el ejercicio de sus pretensiones”según el artículo 1969 CC, “que no es otro que a
partir de aquél en que se efectuó dicha reserva, 9-Mayo-06, desde la cual pudo la parte, sin
objeción alguna, ejercitar las acciones civiles".
14. Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2010 D. Benicio solicitó aclaración o complemento
y, en su defecto, la nulidad de la sentencia por “incongruencia omisiva, falta de motivación y
arbitrariedad contraria al principio de seguridad jurídica”, con vulneración de los artículos 24.1 y 9.3
de la CE.
15. Por auto de 7 de septiembre de 2010 la Audiencia denegó la petición por ir “más allá de una
simple aclaración o complemento”.
16. Mediante escrito presentado el 10 de septiembre de 2010 D. Benicio instó ante la Audiencia la
nulidad de la sentencia “por defectos de forma causantes de indefensión, por incongruencia omisiva,
falta de motivación y arbitrariedad contraria al principio de seguridad jurídica, con vulneración de los
artículos 24.1 y 9.3 de la Constitución”
17. Por providencia de 27 de septiembre de 2010 la Audiencia acordó no acceder a la petición.


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TERCERO.-Debe resolverse en primer lugar la alegación del abogado del Estado, coincidente con lo
expresado en el informe del órgano al que se imputa el error judicial, relativa al incumplimiento por la
parte demandante del requisito establecido en el art. 293.1, f) LOPJ sobre la necesidad de agotar los
recursos previstos en el ordenamiento previamente a la interposición de la acción judicial para el
reconocimiento del error judicial.

Se funda dicha alegación en que habría sido posible interponer recurso de casación contra la
sentencia de la Audiencia Provincial pero no se hizo, y en que contra la sentencia tachada de errónea
cabía recurso de casación porque, aun cuando el asunto se tramitó como de cuantía indeterminada,
esta, sumando el principal reclamado más los intereses vencidos cuando se interpuso la demanda,
superaría la cifra de 150.000 euros entonces vigente para el acceso a la casación.

Frente a estos argumentos debe oponerse que, según doctrina de esta Sala, “para computar como
cuantía litigiosa los intereses vencidos al tiempo de interponerse la demanda no basta con la petición
genérica de intereses legales, añadida sin más a la suma reclamada como principal, sino que es
precisa su cuantificación en la propia demanda (SSTS 26-6-96, 22-12-97, 11-3-98, 23-5-2000,
2912-2000 y 31-7-2001 y AATS 4-2-93 en recurso 1797/92, 11-2-97 en recurso 2773/96, 2610-
99 en recurso 2083/99, 23-5-2000 en recurso 840/2000 y 29-12-2000 en recurso
3136/2000), debiendo destacarse que la jurisprudencia de esta Sala viene siendo especialmente
rigurosa al interpretar y aplicar dicha regla respecto del acceso a los recursos extraordinarios en
función de la cuantía litigiosa, no sólo excluyendo del cómputo los intereses que en la demanda no
se especifiquen claramente como vencidos (STS 18-7-97 y AATS 4-3-92, 281-93, 24-6-93, 16-993,
28-2-95, 15-4-97 y 24-6-97), o no precedidos de una declaración de mora del deudor (STS
11-3-97), sino también -como se ha señalado-los no cuantificados en la propia demanda (STS 266-
96 y AATS 26-7-90, 4-2-93, 15-4-97, 5-10-99 y 27-6-2000)” (ATS de 13/10/2009, en recurso
de queja nº 287/2009, en el que se alegó que debían computarse los intereses legales del art. 20
LCS).

De lo anterior se sigue que, al no caber recurso de casación contra la sentencia a la que se imputa el
error, el demandante ha cumplido el requisito del previo agotamiento de los recursos establecido en
el art. 293.1, f) LOPJ.

CUARTO.-Como esta Sala ha declarado en su sentencia de 2 de marzo de 2011 (EJ nº 17/2009)
«el error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el
artículo 121 CE, ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en el
se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí
sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama (SSTS de 25 de enero de 2006, EJ
nº 32/2004, 4 de abril de 2006, EJ nº 13/2005, 13 de diciembre de 2007, EJ nº 35/2004), en
consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el
resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la
función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada.

»Por ello, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las decisiones
de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación (SSTS de 26 de noviembre de


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1996 y 8 de mayo de 2006), pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para
reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de
un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la
independencia reconocida a los tribunales.

»La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el
desacierto de la resolución contra la que aquella se dirige, sino que ésta sea manifiestamente
contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad.

»El procedimiento de error judicial no permite, por consiguiente, reproducir el debate propio de la
instancia (SSTS de 4 de abril de 2006, EJ nº 1/2004 y 7 de mayo de 2007, EJ nº 10/2005), ni
instar una revisión total del procedimiento de instancia (STS de 31 de febrero de 2006, EJ nº
11/2005), ni discutir sobre el acierto o desacierto del tribunal de instancia en la interpretación de las
normas aplicadas o en la valoración de la prueba (SSTS de 25 de enero de 2006, EJ nº 32/2004,
27 de marzo de 2006, EJ nº 13/2005, 22 de diciembre de 2006, EJ nº 16/2005, y 7 de julio de
2010, EJ nº 7/2008)».

QUINTO.-A la vista de los hechos probados expresados en el fundamento segundo, en relación con
la doctrina de esta Sala expresada en el fundamento cuarto, la demanda de declaración de error
judicial ha de ser estimada por las siguientes razones:

1ª) Al determinar el día inicial para el cómputo del plazo de un año establecido en los arts. 1968-2º
y 1969 CC para la prescripció n de las acciones por culpa extracontractual en los casos en el que
previamente se hayan seguido actuaciones penales terminadas mediante auto de archivo por haber
renunciado el denunciante a la acción penal pero con reserva de la acción civil, la sentencia a la que
se imputa el error parte del día en que el perjudicado denunciante hizo reserva de las acciones
civiles para ejercitarlas ante la jurisdicción civil, que en el caso enjuiciado fue el 9 de mayo de
2006, fecha de presentación del escrito ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ferrol en el que el
entonces denunciante y hoy demandante de declaración de error judicial manifestó que “desiste de
la acusación penal que ten ía formulada en dicho juicio, cuyo archivo consiguientemente procede,
con expresa reserva de acciones civiles, para ejercitarlas ante la jurisdicción de este orden”.

2ª) Teniendo en cuenta ese día inicial la sentencia concluye que, como la demanda del proceso de
origen, es decir del subsiguiente proceso civil, se presentó el 12 de septiembre de 2008, la acción
civil estaba prescrita.

3ª) Sin embargo tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 196/1988, 220/1993,
89/1999, 298/2000, 125/2004 y 12/2005 entre otras) como la jurisprudencia de esta Sala, con
base en los arts. 111, 112 y 114 LECrim, 1969 CC y 270 LOPJ, vienen declarando que cuando se
hayan seguido actuaciones penales por los mismos hechos el plazo de prescripción de la acción civil
no comienza a correr hasta la notificación al perjudicado de la resolución que ponga fin al proceso
penal. Más concretamente, en relación con actuaciones penales precedentes en las que el
perjudicado se hubiera reservado las acciones civiles para ejercitarlas separadamente, mantienen la


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misma doctrina las sentencias de esta Sala de 19 de julio de 2007 (recurso nº 2715/00), 11 de
octubre de 2007 (recurso nº 4203/00), 25 de junio de 2008 (recurso nº 3987/01) y 15 de
diciembre de 2010 (recurso nº 1118/07); y de estas, más concretamente aún, la de 19 de julio de
2007 analiza incluso el carácter semipúblico de la falta por la que se habían seguido las actuaciones
penales y la posible repercusi ón sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción civil tanto
de la renuncia por el perjudicado al ejercicio de la acción penal como de la Instrucción de la Fiscalía
General del Estado de 8 de mayo de 1990, para concluir que ninguno de estos factores desvirtúa la
jurisprudencia sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción civil. Es más, la sentencia del
Pleno de esta Sala de 29 de abril de 2009 (recurso nº 325/06), que trata de la posible caducidad de
la acción civil para la protección de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, fijó la doctrina jurisprudencial en el sentido de que el plazo de
caducidad de la acción la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, fijó la doctrina
jurisprudencial en el sentido de que el plazo de caducidad de la acción civil, no de prescripción,
establecido en el art. 9.5 de la LO 1/1982, solo corría, estando pendientes actuaciones penales, en
el caso de los llamados delitos privados, es decir de los perseguibles solo a instancia de parte, pero
siempre que las actuaciones penales “finalizaran después de cuatro años sin sentencia condenatoria
y, además, el ofendido no se hubiera reservado la acción civil expresamente para ejercitarla
después de terminado el juicio criminal”.

4ª) Por tanto, la sentencia cuestionada, al situar el día inicial del plazo de prescripción de la acción
civil en aquel en que el perjudicado manifestó que “desistía” de la acción penal con expresa reserva
de las acciones civiles, incurrió en un error patente al prescindir de la doctrina del Tribunal
Constitucional y de la jurisprudencia de esta Sala que, desde varios años antes de dictarse la
sentencia cuestionada, desautorizaban por completo dicha solución, contraria por demás tanto al
dato de que el entonces denunciante quedó pendiente de una respuesta del juez penal a su petición
como a la posibilidad, no por remota menos posible legalmente, de que el Ministerio Fiscal se
opusiera a su petición de archivo.

5ª) Al referido error se unió el también alegado en la demanda de declaración de error judicial y
consistente en no haberse atendido a la fecha del alta médica definitiva alegada en la demanda,
posterior al propio auto de archivo de las actuaciones penales, porque asimismo es jurisprudencia
constante de esta Sala que en los casos de lesiones con secuelas el plazo de prescripción de la
acció n de responsabilidad civil por culpa extracontractual no comienza a correr hasta la
estabilización de las secuelas, e incluso puede retrasarse más aún cuando, seguido expediente para
determinar la repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del perjudicado, este no se
conforma con la resolución administrativa correspondiente (SSTS 11-2-2011 en recurso nº
1418/07, 5-7-2011 en recurso nº 2174/07 y 19-11-2011 en recurso nº 1331/07, con cita en
todas ellas de muchas otras anteriores).

6ª) Como quiera que el auto de archivo de las diligencias penales es de 15 de septiembre de 2006
y que el 17 de julio de 2007 se interrumpió la prescripción de la acción civil por la reclamación
efectuada de manera fehaciente a la aseguradora, lo que se reiteró el 12 de marzo de 2008,
resulta que cuando se presentó la demanda civil, 12 de septiembre de 2008, la acción no estaba
prescrita.


7ª) Por todas las razones anteriores la sentencia de la Audiencia ha incurrido en error judicial, dado
que la motivación por la que se resuelve la cuestión jurídica planteada resulta manifiestamente
contraria al ordenamiento jurídico y ha dado lugar a que no se haya examinado la pretensión de la
parte demandante del pleito principal, siendo por tanto evidente el daño causado al demandante y
por tanto la concurrencia del requisito que exige el art. 292 LOPJ.
SEXTO.- La estimación de la demanda de error judicial respecto de la sentencia de 25 de junio de
2010 implica que también exista error judicial en la providencia de 27 de septiembre de 2010 que
denegó tramitar la petición de nulidad de dicha sentencia, que, por lo expresado en el fundamento
quinto, debió ser anulada.
SÉPTIMO.- Procede por tanto estimar la demanda y declarar el error judicial, sin que, como resulta
del art. 293.1 e) LOPJ en relación con el art. 516.2 LEC, se impongan especialmente las costas a
ninguna de las partes y debiendo devolverse al demandante, conforme al art. 293.1 c) LOPJ en
relación con el art. 513.1 LEC, el depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
F A L LA M O S
1º.- ESTIMAR LA DEMANDA sobre declaración de error judicial interpuesta por el procurador D.
Fernando Pérez Cruz, en nombre y representación de D. Benicio, contra la sentencia dictada por la
Sección 3ª de la Audiencia Provincial de A Coruña el 25 de junio de 2010 en el rollo de apelación nº
486/2009 y la providencia del mismo tribunal de 27 de septiembre de 2010 que denegó tramitar la
petición de nulidad de dicha sentencia.
2º.- DECLARAR EL ERROR de la sentencia y providencia referidas.
3º.- No imponer especialmente las costas a ninguna de las partes.
4º.- Y devolver al demandante el depósito constituido.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo
de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto
las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Francisco Marín Castán.-José Antonio Seijas Quintana.-Francisco Javier Arroyo Fiestas.-
Francisco Javier Orduñ a Moreno.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-RUBRICADO
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29/01/2014

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PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marín
Castán , ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia
Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como secretario de la
misma.